Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) ingresó en la etapa clave para determinar el ajuste que regirá desde julio. El Ministerio de Trabajo confirmó que aguarda el informe de inflación interanual del Banco Central del Paraguay (BCP) para formalizar la propuesta técnica.

El viceministro de Trabajo, César Segovia, explicó que el reporte de la banca matriz permitirá medir oficialmente la pérdida del poder adquisitivo. Sin embargo, la mesa tripartita enfrenta posturas muy distantes.

Por un lado, las centrales sindicales exigen una suba del 20%, lo que equivale a un aumento de Gs. 647.021 sobre el piso legal actual de Gs. 2.899.048. Los representantes obreros sostienen que la inflación oficial no refleja el costo real de la canasta básica y denuncian un desfasaje histórico en los ingresos.

Por el otro, el sector empresarial defiende la aplicación estricta de la ley vigente, que se limita al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del BCP. Bajo esta fórmula, el incremento estimado se ubicaría por debajo de los Gs. 100.000, cifra que el empresariado considera prudente para evitar un traslado directo a los precios y proteger el empleo formal.

Paralelamente, el Congreso debate una reforma del Código Laboral impulsada por la oposición, que busca modificar la estructura del Conasam para que el sueldo se calcule según el costo real de vida, la productividad y el Producto Interno Bruto (PIB), y no solo por la inflación.

El reajuste final afectará directamente a unos 400.000 trabajadores del sector privado y a unos 15.000 funcionarios públicos. El Conasam tiene tiempo hasta el 15 de junio para elevar su recomendación al Poder Ejecutivo, quedando la firma del decreto final en manos del presidente de la República antes del 30 de junio.