El fiscal Alberto Torres Flores, en representación del Ministerio Público, obtuvo una condena a 25 años de pena privativa de libertad para un ciudadano argentino de 63 años, quien fue hallado culpable de los hechos punibles de abuso sexual en niños, coacción sexual y violación e incesto, cometidos en perjuicio de varias de sus hijas.

Durante el debate, la representación fiscal produjo abundantes pruebas documentales, testimoniales y científicas para acreditar la existencia de los hechos punibles y la responsabilidad del acusado. Tras valorar los elementos probatorios incorporados al proceso, el Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Edgar Lezcano e integrado por los magistrados Zunilda Martínez Noguera y Herminio Montiel, dictó la condena de 25 años de pena privativa de libertad, en concordancia con la pena solicitada por la Fiscalía.

Según los antecedentes de la acusación, los abusos perpetrados por el ahora condenado constituyen un hecho continuado que comenzó en el año 1994 en Ciudad del Este, cuando sometió sexualmente a su hijastra menor de edad, quien en ese entonces tenía tan solo 11 años.

Como consecuencia de estos abusos sistemáticos a lo largo de las décadas, la víctima tuvo ocho hijos con su agresor. Posteriormente, la familia se trasladó a una vivienda en el barrio Tres Fronteras de Presidente Franco, donde el acusado mantenía a todo el grupo familiar bajo constantes amenazas y violencia económica.

En el año 2019, el agresor comenzó a abusar de una de las hijas biológicas fruto de aquella relación, cuando ella cumplió 12 años, llegando al coito mediante el uso de la fuerza y amenazas de muerte. Los abusos contra ella continuaron hasta el año 2021, cuando la adolescente logró oponer resistencia.

Ante esto, el acusado dirigió las agresiones hacia otra de sus hijas biológicas al cumplir ella los 11 años de edad en el 2021, sometiéndola igualmente al coito de manera sistemática. Esta situación persistió hasta marzo de 2024, cuando la hija mayor decidió rebelarse y denunciar a su padre ante el Ministerio Público, revelando además que su hermana menor, de 10 años, había sido testigo presencial de los abusos.

Durante la investigación también se constató que el condenado tenía denuncias previas sin finalizar por abusos contra otra de sus hijas en los años 2012 y 2019. Las víctimas fueron asistidas por médicos forenses y psicólogas del Centro de Atención a Víctimas, quienes confirmaron plenamente los hechos que finalmente derivaron en la pena para el agresor.

Los nombres del condenado y de las víctimas se omiten con el fin de proteger la identidad de las menores, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia.