La creación del Registro Nacional de Agresores de Animales (RAGAN) avanza con una promesa: identificar a quienes ya fueron condenados por maltrato y evitar nuevas agresiones. La Dirección de Defensa Animal confirma que el sistema se ajusta a la Ley 7513 y que su implementación es prioritaria.
El impulso llega en un escenario complejo. En los últimos meses se acumularon más de 300 causas por crueldad animal sin resolución fiscal. La institución advierte que la lentitud en el Ministerio Público deja sin efecto el mensaje disuasivo de la ley.
Héctor Rubín, director de Defensa Animal, sostiene que su equipo asume tareas que corresponden a la Fiscalía. Entre ellas, el retiro de cuerpos y la cadena de custodia para pericias forenses veterinarias. Señala que la Fiscalía no cuenta con un médico veterinario para estos exámenes.
El caso “Ministro”, el perro presuntamente baleado en Villeta, volvió a encender las alarmas. Defensa Animal realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó para el análisis forense. El hecho impactó a organizaciones y vecinos que piden respuestas rápidas.
La dirección recuerda que la normativa prevé penas de hasta seis años de cárcel cuando la víctima animal muere. También aplicó sanciones administrativas por G. 1.200 millones. Sin embargo, admiten que las multas no reemplazan el efecto de una condena penal.
Los expedientes incluyen episodios que estremecen. La semana pasada, una docente fue denunciada por arrastrar a un cachorro mientras conducía una motocicleta. El caso exige diligencias y medidas de protección para el animal sobreviviente, señalan.
Otro proceso emblemático es la imputación de un sacerdote por matar a martillazos a un perro dentro de un colegio religioso en Itapúa. El hecho ocurrió en horario de clases y fue escuchado por estudiantes, de acuerdo con el relato oficial.
También irá a juicio un ciudadano alemán acusado de envenenar a varios perros y gatos. Registra antecedentes administrativos por hechos similares. Esta vez, el caso avanzó a la vía penal, según confirmaron las autoridades.
Para Rubín, el cuello de botella está claro. Asegura que hay fiscales asignados a la unidad especializada que “no priorizan” estas causas. Alega que se invocan problemas de presupuesto o de carga laboral, lo que frena audiencias y pericias claves.
El RAGAN apunta a transparentar antecedentes y cerrar el paso a la reincidencia. Incluirá a las personas con condena firme por maltrato o crueldad. La herramienta servirá a jueces, municipios, protectoras y a la ciudadanía en general.
Defensa Animal insiste en un mínimo operativo: forenses veterinarios en Fiscalía, protocolos unificados y plazos de actuación. Sin ese soporte, el registro corre el riesgo de quedar como una buena idea sin impacto real.
Fuente: ABC Color - RDN
