La directora de Promoción a la Mujer del Ministerio de Trabajo, Patricia Luchin, señaló en entrevista con canal GEN que existen indicios de discriminación laboral y que el hecho reviste especial gravedad por tratarse de una mujer gestante en período de prueba y sin inscripción al seguro social. 

“Estamos ante un caso de violencia laboral muy grave, con agresiones verbales y físicas hacia una trabajadora embarazada que tenía 11 días de trabajo, contrato verbal y no estaba inscripta en la seguridad social”, explicó.

Según Luchin, la trabajadora acudió al Ministerio de Trabajo el 20 de enero para asesorarse sobre cómo comunicar su estado de embarazo a la empresa y consultar si podían modificarle su carga horaria.

Posteriormente, el 23 de enero, regresó a la institución para presentar formalmente la denuncia, tras producirse los hechos de violencia.

La funcionaria detalló que la empleada y la patronal habían acordado inicialmente una carga horaria verbal, pero que al momento de intentar formalizar el contrato se le quiso imponer un horario distinto, situación que detonó el conflicto.

“Cuando la trabajadora notifica su embarazo, se alteran las condiciones laborales. Eso es un indicador claro de discriminación, porque lo acordado verbalmente es plenamente válido y no puede ser modificado de manera unilateral”, subrayó.

El Ministerio de Trabajo actúa actualmente en dos frentes paralelos. El primero es el acompañamiento administrativo a la trabajadora, que incluye la convocatoria a la patronal para el pago de la liquidación correspondiente, prevista para esta semana.

El segundo es el proceso inspectivo a la empresa, a cargo de la Dirección General de Inspección y Fiscalización y de Asesoría Jurídica, para verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención y atención de violencia laboral.

Luchin aclaró que, aunque la ley otorga estabilidad laboral a la mujer embarazada, la denunciante no optó por la reposición, debido a que las condiciones no están dadas para continuar el vínculo, especialmente porque la agresión habría provenido del propietario de la empresa.

“Además de este caso puntual, nos preocupa identificar si existen otros trabajadores afectados por situaciones similares dentro del plantel”, sostuvo.

De comprobarse irregularidades, la empresa podría enfrentar sumario administrativo y multas, conforme al Código Laboral.

La directora recordó que, más allá del ámbito administrativo, la trabajadora puede impulsar acciones penales por la agresión física, así como demandas civiles o laborales por daños y eventuales indemnizaciones adicionales.

En otro momento, Luchin remarcó que rechazar una contratación, modificar condiciones o negar un contrato permanente por embarazo constituye discriminación.

“Se contrata a una persona por sus habilidades profesionales. Su estado de embarazo o responsabilidades familiares no pueden incidir en la contratación, en el horario, ni en los beneficios”, afirmó.

Asimismo, recordó que la ley establece que la trabajadora debe comunicar su embarazo tan pronto tenga conocimiento, y que la patronal tiene la obligación de inscribirla al IPS desde el primer día de trabajo, independientemente de que esté en período de prueba.