La situación se registró en plena audiencia, en el marco de una causa por homicidio doloso, cuando fue necesaria la intervención de un intérprete para garantizar el desarrollo del proceso. 

El episodio no tardó en viralizarse y abrió un debate sobre el cumplimiento efectivo de la Constitución Nacional y de la Ley de Lenguas, que establecen el carácter oficial tanto del castellano como del guaraní.

En redes sociales cuestionaron el hecho de que los auxiliares de justicia no entiendan el idioma guaraní siendo que luego deben tomar decisiones cruciales que derivan en fallos judiciales y afectan a las diferentes partes del juicio.

A su vez, el criminólogo Juan A. Martens cuestionó con dureza lo ocurrido y sostuvo que la funcionaria no debería continuar en el cargo si no maneja los idiomas oficiales.

"Esta funcionaria no puede seguir en el cargo si no habla uno de los idiomas oficiales. Además, el periodo de transición que estableció la Ley de Lenguas ya feneció. Merece ser sumariada y apartada", expresó.

Las declaraciones de Martens encendieron aún más la controversia, al plantear no solo un cuestionamiento administrativo sino también institucional. Según recordó, la normativa vigente estableció un plazo de adecuación para que los funcionarios públicos se capaciten en el uso de ambas lenguas, plazo que —según afirmó— ya expiró.

En Paraguay, el uso del guaraní es predominante en la vida cotidiana y en numerosos ámbitos oficiales, por lo que la necesidad de traductores en procesos judiciales no es inusual. Sin embargo, el debate se centra en si los agentes fiscales y demás operadores de justicia deben acreditar dominio funcional de ambas lenguas como requisito indispensable para ejercer sus funciones.

Desde el Ministerio Público no se emitió hasta el momento un pronunciamiento oficial sobre el episodio ni sobre eventuales medidas administrativas. El caso, no obstante, reavivó la discusión sobre el acceso a la justicia en lengua materna y la obligación del Estado de garantizar procesos comprensibles para todas las partes involucradas.

FUENTE: EL NACIONAL