La investigación sobre los títulos falsos que sacude al sistema educativo paraguayo ingresó en una nueva etapa. La Fiscalía solicitó al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) impulsar las acciones necesarias para que 144 títulos considerados apócrifos pierdan eficacia jurídica, un paso previo indispensable para avanzar con la cancelación de las matrículas docentes obtenidas mediante esos documentos.
La fiscala Teresa Sosa explicó que el procedimiento requiere la participación de las universidades involucradas, que deberán solicitar ante la Justicia la pérdida de validez legal de los diplomas. Según la investigación, ya existe certeza sobre la falsedad de estos títulos porque las propias instituciones académicas informaron oficialmente que nunca los emitieron. Una vez que la Justicia se pronuncie, los documentos deberán ser retirados de todos los registros públicos.
La medida forma parte de una causa mucho más amplia. Hasta el momento, la Fiscalía investiga más de 500 títulos presuntamente falsificados y sostiene que podría existir una estructura que operó durante años facilitando la inscripción irregular de documentos académicos en el MEC. Las pesquisas también apuntan a determinar qué funcionarios permitieron el registro de estos títulos dentro del sistema oficial.
El objetivo de acelerar los trámites durante agosto es que los procesos administrativos y judiciales concluyan antes del cierre del año lectivo. De esa manera, aquellos docentes que actualmente ejercen en instituciones públicas podrían enfrentar la cancelación de sus matrículas profesionales y los correspondientes sumarios administrativos por mal desempeño.
Más allá de las consecuencias individuales, el caso expone una problemática de fondo que afecta directamente a la credibilidad del sistema educativo. La existencia de títulos fraudulentos no solo pone en cuestión los mecanismos de control estatal, sino también la confianza pública en los procesos de formación y habilitación profesional. El impacto resulta particularmente sensible cuando involucra a personas encargadas de la enseñanza de niños y jóvenes.
La Fiscalía sostiene que la pérdida de validez de los títulos es independiente de las causas penales que siguen su curso. Es decir, aun antes de una eventual condena, el Estado puede avanzar en la depuración de registros y en la revisión de las matrículas obtenidas mediante documentación falsa.
El caso se perfila como uno de los mayores escándalos vinculados al sistema educativo en los últimos años. Además de las responsabilidades individuales, la investigación busca determinar si existió una red organizada que facilitó durante décadas la incorporación de documentos apócrifos a los registros oficiales, una práctica que habría permitido a numerosas personas acceder a cargos y beneficios para los que no contaban con la formación requerida.
FUENTE: EL NACIONAL
