El agente fiscal Osvaldo Zaracho Romero, titular de la Unidad Penal n.º 10 de Ciudad del Este imputó a tres ciudadanos brasileños, de 31, 34 y 42 años, por la supuesta comisión del hecho punible contra el patrimonio (tentativa de estafa), previsto en el artículo 187, incisos 1 y 2 del Código Penal, en concordancia con los artículos 26, 27 y 29 del mismo cuerpo legal.

De acuerdo con la investigación, el 18 de febrero de 2026, tras tomar conocimiento del hurto en Brasil de una camioneta Hyundai Tucson, modelo 2011, los ahora imputados se habrían contactado vía telefónica con la propietaria del rodado para exigir la suma de 20 mil reales a cambio de su devolución. El vehículo, con chapa brasileña ENM9A70, registraba denuncia mediante boletín de ocurrencia Nº 223345/2026, en territorio brasileño.

A raíz de esta situación, la víctima denunció el hecho ante la Policía Paraguaya, tras lo cual efectivos del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Internacional (Comando Tripartito) montaron un operativo en la intersección de la avenida Pioneros del Este y Monseñor Rodríguez, en el microcentro de Ciudad del Este. Luego, a las 18:20, los tres hombres acudieron al lugar con intenciones de recibir el dinero y fueron aprehendidos, quedando a disposición del Ministerio Público.

Posteriormente, el 19 de febrero de 2026, se recepcionó la nota policial n.º 238/2026 de la Comisaría Nº 4, que informó el hallazgo de la camioneta robada en el barrio Pablo Rojas, abandonada, con documentos personales de la propietaria en su interior. La imputación se sustenta en la nota policial n.º 035/2026 y el acta de procedimiento del Comando Tripartito.

Finalmente, la Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Garantías la notificación del acta de imputación, el inicio formal del procedimiento y la fijación de plazo de cuatro meses para concluir la investigación y presentar requerimiento conclusivo.

Asimismo, el fiscal Zaracho Romero requirió la prisión preventiva de los imputados, al considerar reunidos los presupuestos del artículo 242 del Código Procesal Penal, ante la gravedad del hecho, la expectativa de pena, el peligro de fuga por tratarse de extranjeros sin arraigo y la necesidad de asegurar su presencia en el proceso.