El gremio señaló que el desarrollo del país requiere políticas equilibradas que fortalezcan el empleo formal, la productividad y la competitividad. “Esta medida no constituye una respuesta real a las necesidades de los trabajadores ni contribuye de manera sustantiva a mejorar su calidad de vida”, indicaron. En cambio, agregaría nuevas cargas al sector formal sin abordar los desafíos estructurales del empleo.

La entidad advirtió que propuestas de este tipo, aunque atractivas desde lo discursivo, terminan afectando especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que más invierten y generan empleo dentro de la formalidad.

En diálogo con Última Hora, el ingeniero Iván Dumot, presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), expresó sorpresa por la iniciativa. “Nadie la discutió ni la socializó con el sector productivo”, mencionó. 

Dumot reconoció el aspecto humanitario de la idea, pero insistió en que medidas que imponen más costos deben ser conversadas y consensuadas. Recordó que este año el Poder Ejecutivo ya estableció feriados adicionales y se reservó la posibilidad de sumar hasta tres más, lo que genera costos extra y afecta la productividad.

“Si queremos seguir posicionando al país como un lugar de buenos costos, no deberíamos caer en estas medidas que suenan muy bien, pero que en la perspectiva económica claramente no es el camino”, afirmó.

Por su parte, Carlos Mangabeira, presidente de la Cámara de Industrias Sustentables (Cispy), valoró el espíritu del proyecto, pero alertó sobre su impacto práctico. “La implementación obligatoria implicaría un aumento directo de los costos laborales y, en sectores industriales con procesos continuos, podría interrumpir cadenas de producción completas”, explicó.

Mangabeira recordó que la gran mayoría de las empresas paraguayas son pymes y microempresas con estructuras muy ajustadas. “Las prioridades deben estar enfocadas en generar más empleo formal y fortalecer la competitividad. Este tipo de beneficios podría evaluarse como una práctica voluntaria, pero no como una obligación legal generalizada”, sostuvo.

En la misma línea, Gerardo García, presidente de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), se manifestó en total desacuerdo. “Nosotros necesitamos trabajar. Nada que se imponga es bueno”, señaló.

El proyecto de ley aún no ha sido debatido en profundidad con el sector productivo, según coincidieron los dirigentes consultados.

FUENTE: UH