Al respecto, el comando institucional dispuso la apertura de una investigación a nivel nacional.
“Esta investigación es a nivel nacional, el comando institucional dispuso la instrucción del sumario para que el personal involucrado pueda deslindar sus responsabilidades en cuanto a las cargas que se realizaron con el pin de cada agente afectado. Tenemos personal de la zona del Chaco, Hernandarias, San Pedro, podríamos decir de los 17 departamentos”, afirmó el fiscal de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Daniel Monzón.
Al respecto, el agente argumentó que la supuesta irregularidad fue informada desde la jefatura de División de Combustible, perteneciente a la Dirección Administrativa de la Policía Nacional.
“El jefe de la División de Combustible de la Dirección Administrativa en su momento detectó una supuesta irregularidad consistente en las cargas de combustible. Fueron aproximadamente 540 personas que posteriormente fueron deslindándose las responsabilidades quedando finalmente sumariadas 424”, explicó en comunicación con el programa “Apunto”, emitido por el canal GEN-Nación Media.
Monzón agregó que aún no se cuenta con el informe detallado sobre la cantidad de cargas que fueron realizadas por los efectivos de manera irregular. Detalló que las tarjetas son destinadas exclusivamente a cada patrullera.
“Las tarjetas son designadas a cada patrullera. Hay una inconsistencia, supuestamente existe una mala utilización, sobrepasan las cargas que se hacen con la capacidad de los tanques”, resaltó. En ese sentido, comentó que entre las justificaciones brindadas por la mayoría de los efectivos se centra en la lejanía de las estaciones de servicios donde recurren frecuentemente para abastecerse de combustible.
De acuerdo a los antecedentes, no es la primera vez que surgen conflictos dentro de la Policía Nacional en cuanto al manejo del combustible, esto teniendo en cuenta la pasada gestión del excomandante de la Policía Nacional Francisco Alvarenga y el suboficial Roberto Osorio, quienes habían sido condenados con penas privativas de libertad tras ser encontrados culpables por desvío de combustible, generando un perjuicio de G. 1.200 millones.
Fuente: LA NACIÓN
