De acuerdo con el documento, la causa de supuesto acoso sexual en Puerto Casado involucra a un hombre, que según la madre de la niña, sería un funcionario de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), señalado como supuesto autor del hecho denunciado.
La investigación se inició tras una denuncia presentada por la madre de la niña ante autoridades policiales.
Según los antecedentes, el hecho habría ocurrido el 17 de marzo pasado, alrededor de las 19:00, en un local de comida rápida ubicado sobre la avenida La Victoria. La denuncia refiere conductas inapropiadas (señas), que son objeto de análisis por parte de las autoridades.
El fiscal interviniente solicitó la realización de una toma de testimonio de la víctima mediante Cámara Gesell, además de una pericia psicológica, medidas consideradas fundamentales en este tipo de casos para evitar la revictimización de la menor y resguardar su integridad emocional.
El Juzgado Penal de Garantías hizo lugar al pedido, señalando la importancia del testimonio de la niña para el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, se designó a una profesional del área psicológica del Poder Judicial para llevar adelante la entrevista especializada.
La resolución destaca que, debido a la edad de la víctima, el procedimiento debe realizarse bajo condiciones especiales que garanticen su protección y permitan obtener información de manera adecuada, en el marco de un anticipo jurisdiccional de prueba.
La madre de la niña fue notificada formalmente de la decisión judicial el 31 de marzo de 2026, conforme consta en la cédula de notificación.
El caso se encuentra en etapa investigativa y las autoridades no descartan nuevas diligencias en el marco del proceso.
Rige, además, el principio de presunción de inocencia para el imputado hasta que se determine su responsabilidad en sede judicial.
La madre de víctima realizó una protesta frente a la oficina distrital de la ANDE de Puerto Casado, pidiendo justicia y el apartamiento del cargo del presunto autor.
La misma estuvo acompañada de la representante de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni), del municipio y de la Secretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia de la Gobernación de Alto Paraguay.
La identidad de la víctima y de la denunciante se omite en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que permitan identificar a los niños en situación de vulnerabilidad.
FUENTE: UH
