La morosidad en el Instituto de Previsión Social (IPS) volvió a encender señales de alerta: unas 25.000 empresas mantienen deudas por aportes obrero-patronales, acumulando un pasivo cercano a los USD 830 millones. El dato no solo refleja un problema de cumplimiento empresarial, sino que también pone en cuestión la sostenibilidad del sistema de seguridad social en Paraguay.

Según datos oficiales, el nivel de mora ronda el 33% del total de aportantes, con variaciones que pueden oscilar entre el 30% y el 40% dependiendo del mes. Este comportamiento revela una dinámica estructural: muchas empresas alternan entre periodos de incumplimiento y regularización parcial, lo que dificulta estabilizar los ingresos de la previsional y planificar financieramente a mediano plazo.

El impacto económico es directo. El IPS recauda mensualmente cerca de G. 990.000 millones en concepto de aportes, pero la elevada mora reduce la capacidad de financiamiento de sus tres pilares principales: salud, jubilaciones y administración. En un contexto de creciente demanda de servicios y presión sobre el gasto, la falta de cumplimiento erosiona la calidad de atención y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema en el largo plazo.

El perfil de los deudores también ofrece pistas sobre el problema: el mayor volumen de morosidad se concentra en el sector comercial, particularmente en actividades de venta al por mayor y menor, supermercados y distribuidoras. Este dato refleja tanto la dinámica del mercado interno como las tensiones de liquidez que enfrentan ciertos rubros, donde el cumplimiento de obligaciones previsionales suele quedar relegado frente a otras prioridades financieras.

Desde el IPS se impulsan mecanismos para reducir la mora, como planes de pago en cuotas y exoneración parcial o total de multas, buscando incentivar la regularización voluntaria antes de avanzar a instancias judiciales. Sin embargo, el volumen de deuda acumulada sugiere que las medidas actuales resultan insuficientes frente a un problema que combina informalidad, debilidad en controles y cultura de incumplimiento.

Más allá de la coyuntura, el dato de USD 830 millones expone un desafío estructural para la economía paraguaya: fortalecer la formalización laboral y garantizar el cumplimiento efectivo de aportes. Sin estas condiciones, el sistema previsional seguirá operando bajo presión, con consecuencias que terminan trasladándose a los propios trabajadores, principales afectados por la fragilidad financiera del seguro social.

FUENTE: EL NACIONAL