Reportes de inteligencia alertan sobre un supuesto plan impulsado por personas vinculadas al caso A Ultranza para apartar a la jueza Rosarito Montanía y al fiscal Deny Yoon Pak. Ambos magistrados intervienen en la investigación que involucra al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
La información señala que la estrategia buscaría desplazar a los intervinientes mediante acciones judiciales. Sin embargo, también se analiza la posibilidad de que se intenten mecanismos extrajudiciales, lo que genera preocupación por la seguridad de ambos funcionarios.
El escenario se torna más delicado tras recientes movimientos relacionados con el entorno de Marset. De acuerdo con datos manejados por organismos de inteligencia, la supuesta iniciativa habría surgido luego de la captura de personas vinculadas al caso.
Según los informes, un preso vinculado al esquema investigado habría recibido instrucciones para impulsar acciones destinadas a apartar a la magistrada y al representante del Ministerio Público.
La estrategia contemplaría inicialmente una campaña de desgaste mediático. Esta incluiría entrevistas a abogados defensores e incluso declaraciones del propio Marset en medios de comunicación.
Posteriormente se prevé la presentación de recusaciones y otras acciones judiciales. Además, se buscaría activar procesos ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados contra los intervinientes del caso.
Los reportes también mencionan el envío de aproximadamente dos millones de dólares para sostener estas acciones. La intención sería sostener la estrategia legal y mediática orientada a apartar a los responsables de la investigación.
Las tensiones en torno al caso no son nuevas. Sebastián Marset ya había expresado públicamente su intención de apartar a la jueza Montanía y al fiscal Pak.
En un audio difundido el 21 de julio de 2024 por un canal de televisión uruguayo, el presunto narcotraficante señaló: “(…) los delincuentes son los paraguayos que tienen a cargo ese caso (…) yo me encargaré con mis abogados después de esto, que mínimo destituyan a la jueza y al fiscal”.
Además, Gianina García Troche, pareja de Marset, también protagonizó episodios de tensión tras su traslado a un penal de máxima seguridad en Paraguay. Según registros del procedimiento, habría proferido amenazas contra militares que participaron en el operativo.
Los informes de inteligencia también advierten sobre intentos de buscar sicarios desde centros penitenciarios. De acuerdo con fuentes policiales, inicialmente se habría intentado contactar a ciudadanos paraguayos y posteriormente a extranjeros, aunque no se habrían concretado acuerdos.
El caso A Ultranza también aparece relacionado con varios hechos de violencia registrados en los últimos años. Entre ellos figura el asesinato del uruguayo Diego Andrés Cabrera Olivera en 2020.
Otro episodio citado es el crimen del empresario Mauricio Daniel Schuartzman Parnes en Asunción en 2021. Informes de inteligencia mencionaron vínculos entre la víctima y personas investigadas en la red criminal.
También se menciona el asesinato de Fátima Liliana Rejala Cabrera en 2022 en Mariano Roque Alonso. La mujer había trabajado previamente en una de las propiedades vinculadas a Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”.
Fuente: ABC Color
