Los agentes fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges y María Verónica Valdez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, designados por la Fiscalía General del Estado para conformar un equipo de trabajo en la presente causa, presentaron este viernes una imputación contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, como autor del hecho punible de lesión de confianza, junto con otros 10 presuntos cómplices, entre ellos el actual diputado Walter García.

Se atribuye a Miguel Prieto Vallejos que, en su calidad de ordenador de gastos del patrimonio municipal, entre diciembre de 2019 y agosto de 2022 habría ocasionado un perjuicio económico a las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este por un valor aproximado de G. 757.166.276 (setecientos cincuenta y siete millones ciento sesenta y seis mil doscientos setenta y seis guaraníes), resultante de diferencias entre lo pagado por el Consejo Local de Salud y lo efectivamente construido o ejecutado por las empresas constructoras SERVMAQ y M&M CONSTRUCTORA, por obras realizadas dentro del Hospital Regional de Ciudad del Este. La última empresa sería de fachada, vinculada a una contadora y exfuncionaria municipal, presuntamente relacionada con un operador político.

En ese sentido, Prieto habría ordenado diez transferencias a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este, de las cuales una parte importante habría sido utilizada para inversión física y edilicia en obras realizadas dentro del mencionado hospital. Estas transferencias de recursos habrían sido ordenadas por la Intendencia Municipal a través de resoluciones.

Estas habrían sido emitidas por el intendente municipal sin designar un fiscalizador de obras, sin contar con dictámenes pertinentes que garanticen y certifiquen la efectiva ejecución de los trabajos, sin planificación previa y sin adecuarse a los trámites y mecanismos previstos. Las transferencias de fondos, ordenadas a través de dichas resoluciones municipales, habrían sido solicitadas por la Dirección de Desarrollo Social para que sean realizadas a favor del Consejo Local de Salud.

Dentro del mismo periodo de tiempo, la concesión de aportes también habría sido solicitada por los miembros del Consejo Local de Salud, órgano reconocido como entidad sin fines de lucro, integrado por el actual diputado y otros dos coimputados, por medio de notas presentadas ante la Municipalidad de Ciudad del Este.

La documentación recabada indica que el Consejo Local habría destinado a inversión física los aportes recibidos del municipio, principalmente a la realización de reiteradas refacciones en el mismo lugar, en cortos periodos de tiempo entre una y otra obra, así como remodelaciones de diferentes áreas médicas, construcción del pabellón de UTI, remodelación de pabellones de Nefrología y Traumatología, entre otros, dentro del Hospital Regional de Ciudad del Este.

Cabe señalar que la Municipalidad de Ciudad del Este y el Consejo Local de Salud, como entidad beneficiada, debieron regirse por los procedimientos y mecanismos de control, los cuales son más rigurosos cuando se trata de inversión física.

El equipo de fiscales especializados solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de medidas alternativas a la prisión para los imputados.

Igualmente, solicitaron el desafuero de Walter García, teniendo en cuenta que se encuentra investido de inmunidades por su condición de diputado nacional. En ese sentido, la Fiscalía requiere que se sirva iniciar los trámites correspondientes conforme al artículo 328, inciso a), del Código Procesal Penal, y comunicar los antecedentes a la Honorable Cámara de Diputados, a fin de que resuelva el desafuero del citado parlamentario, con el objeto de que sea sometido al presente proceso penal.