La Contraloría General de la República (CGR), finalmente, puso los ojos en las denuncias que se venían dando sobre supuestos malos manejos de los fondos que corresponden al programa Hambre Cero y ordenó verificar el patrimonio de los 17 gobernadores.

Este proceso implica la verificación patrimonial y el análisis del movimiento financiero de todos los gobernadores, especialmente desde el momento en que asumieron sus funciones.

El director de DDJJ de la institución Armindo Torres dijo a ÚH que la instrucción recibida del contralor Camilo Benítez es agilizar al máximo este procedimiento, acortando los plazos con el objetivo de contar con resultados en el menor tiempo posible.

Se espera que el informe final se dé en el plazo de 3 a 4 meses, aproximadamente.
“La revisión comprenderá un análisis detallado de los ingresos, egresos y de todo el movimiento financiero de los gobernadores”, indicó Torres.

“Esta medida surge a raíz de las denuncias que señalan posibles irregularidades en la ejecución del programa Hambre Cero en las escuelas, por lo que se busca garantizar el correcto uso de los recursos públicos”, expresó.

Refirió que se verificará la trazabilidad de ingresos y egresos de todos los gobernadores. En total, 20 funcionarios de la Contraloría se encargarán de ejecutar el trabajo en el menor tiempo posible.
De hecho, al margen del intercambio de acusaciones desde el Congreso hacia las gobernaciones, la propia Contraloría General de la República recibió denuncias contra todas las gobernaciones.

Denuncias. La decisión de la CGR se produce en medio de crecientes cuestionamientos políticos y denuncias sobre posibles irregularidades en la administración de los fondos del programa, planteadas por senadores tanto del oficialismo como los de la oposición.

Las críticas y acusaciones alcanzaron incluso a gobernadores alineados al cartismo.
El miércoles pasado, la Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto de modificación de la Ley de Hambre Cero en las escuelas.

La medida dispone que la administración de los fondos para el programa emblema del Gobierno de Santiago Peña para las gobernaciones de Concepción y Alto Paraná pase a manos del Ministerio de Desarrollo Social (MDS).
Fue el senador Silvio Beto Ovelar el que presentó la iniciativa como medida ejemplar contra la gobernadora de Concepción, Liz Meza, luego de que un diputado denunciara que utilizó dinero destinado a ese programa para el quinceaños de su hija.

En principio, el documento solo mencionaba al primer departamento del Paraguay, pero la legisladora Lizarella Valiente pidió que se incluya a Alto Paraná, a cargo de César Landy Torres Argüello, lo cual llama la atención debido a que se trata de un oficialista.
El parlamentario Éver Villalba solicitó que se agregue a la Gobernación de Guairá; Mario Varela apuntó a la Gobernación de Itapúa, pero se aprobó para Concepción y Alto Paraná. Hambre Cero ya excluyó desde el inicio a Central, Pdte. Hayes y Asunción.

El Consejo de Gobernadores del Paraguay emitió un comunicado para pronunciarse “con preocupación” en contra de la decisión de la Cámara de Senadores de excluir de la administración de Hambre Cero a las gobernaciones de Concepción y Alto Paraná, tras una medida impulsada por los mismos colorados.

El proyecto de ley fue aprobado y remitido a la Cámara de Diputados y revela una fuerte tensión dentro de Honor Colorado y también en las disidencias, por sacar del camino a adversarios políticos, en las elecciones municipales, usando los recursos del programa escolar.

Queda pendiente conocer la postura que tomará el Ejecutivo ante la situación, y si es que no forma parte de un acuerdo previo, ya que la medida fue impulsada por senadores cartistas contra gobernadores del mismo movimiento.

Además, el presidente del Consejo de Gobernadores es César Sosa, gobernador de Guairá, también oficialista.

“Esta determinación, sustentada en cuestionamientos y sospechas que hasta la fecha no se traducen en denuncias formales ni en procesos concluyentes, debilita el modelo de gestión descentralizada que ha permitido llevar alimentación de calidad a miles de niños y niñas en todo el país”, expresa el comunicado del Consejo.

En el escrito, reclaman que la exclusión haya sido determinada supuestamente sin comprobarse irregularidades.

“El programa Hambre Cero cuenta con fondos institucionalmente blindados, controles cruzados permanentes y trazabilidad en toda la cadena de provisión, además de la supervisión de diversas instituciones del Estado y del control cotidiano de la propia comunidad educativa”, manifiesta.

Por ese motivo, los gobernadores admiten que el trasfondo es electoral y que se está utilizando el programa escolar para debilitar a los oponentes políticos.

“Preocupa que bajo el argumento de presuntas irregularidades se adopten decisiones que terminen afectando a gobiernos departamentales en un contexto preelectoral, generando la percepción de que una política pública esencial para la niñez pueda ser utilizada como herramienta para debilitar a eventuales adversarios políticos”, apunta.
Finalmente, el Consejo menciona “las políticas destinadas al bienestar de los niños del Paraguay deben estar por encima de cualquier cálculo político”.
El pasado miércoles, el senador cartista Silvio Beto Ovelar propuso despojar a la gobernadora de Concepción, Liz Meza, de Hambre Cero, por denuncias de que habría desviado los fondos para celebrar los 15 años de su hija.