El próximo 1 de abril entrará en vigencia la Resolución N° 12.299/2025, que modifica el esquema de matriculación de motocicletas e introduce nuevas condiciones de pago al momento de la entrega del vehículo. Con este dictamen, la máxima instancia judicial establece un pago por adelantado antes de retirar cada biciclo, el cual incluye todos los bienes, servicios y tasas, conceptos que superan fácilmente la suma de G. 700.000. 

La medida fue cuestionada por diversos gremios, entre ellos la Unión Industrial Paraguaya (UIP), que este jueves emitió un comunicado expresando su preocupación ante la inminente entrada en vigor de la resolución.

“En Paraguay, los medios de movilidad individual cumplen un rol central en la vida cotidiana, al facilitar el traslado, el acceso al trabajo y el desarrollo de múltiples actividades económicas. En ese contexto, cualquier incremento en los costos de acceso impacta directamente en la economía de los hogares y en su capacidad de generar ingresos”, indica el texto.

Desde la UIP sostienen que esta normativa afecta tanto a los usuarios como al desarrollo de la industria y al empleo, al tiempo de señalar que los cambios abruptos en las reglas de juego “introducen incertidumbre, afectan la planificación empresarial y debilitan el clima de inversión”.

Otro de los que se expresó en contra fue la Cámara Industrial Paraguaya de Motocicletas y Automotores (CIPAMA). Su titular, Jorge Samaniego, cuestionó que la Corte imponga la matriculación de motocicletas debido a su elevado costo. “Es la más cara del Mercosur”, indicó a ABC TV.

Esta exigencia de pago por adelantado, que se suma a los demás gastos que implica adquirir una moto, es “inaccesible y antidemocrática”, sostuvo. A raíz de ello, pide que se pueda derogar la resolución de la CSJ o, en todo caso, reducir el valor de la chapa y los demás bienes y servicios al 25%.

FUENTE: HOY