Radiólogos, gremios y estudiantes se manifestaron frente al Congreso Nacional para exigir la restitución de tres artículos vetados por el Poder Ejecutivo. Las disposiciones forman parte del proyecto de ley “Del ejercicio profesional de la radiología”. Los reclamos se concentran en la jubilación, el salario y el descanso profiláctico.

La movilización se realizó de manera pacífica en la Plaza de Armas, en Asunción. Los participantes solicitaron que el Congreso mantenga la versión aprobada por la Cámara de Senadores. La iniciativa ya había recibido sanción de ambas cámaras antes del veto parcial del Ejecutivo.

Walter Dávalos, representante del sindicato de trabajadores del Hospital de Clínicas, afirmó que la propuesta responde a la realidad del sector. Señaló que el proyecto fue analizado por el Ministerio de Salud y por comisiones legislativas. Según sostuvo, también se realizaron estudios antes de su aprobación.

Actualmente, los profesionales deben cumplir 65 años de edad y 40 años de aportes para jubilarse. El gremio pide reducir esos requisitos a 55 años de edad y 25 años de aportes. La solicitud busca equiparar las condiciones con otros integrantes del sistema médico.

Dávalos afirmó que algunos trabajadores fallecieron poco después de acceder a la jubilación. El dirigente sostuvo que la exposición acumulativa a los rayos X puede afectar la salud con el paso del tiempo. Por ese motivo, el sector considera necesaria una jubilación acorde con los riesgos de la profesión.

En materia salarial, los radiólogos contratados perciben G. 3.900.000, según el gremio. Los funcionarios permanentes reciben G. 4.200.000. Dávalos denunció que algunos trabajadores cobran incluso por debajo del salario mínimo vigente. También explicó que la precariedad del sistema obliga a compartir elementos de protección con familiares de pacientes.

El representante estimó que en Paraguay trabajan cerca de 10.000 radiólogos. Indicó que solo unos diez profesionales accederían a la jubilación durante este año. Otros diez cumplirían los requisitos recién dentro de cinco años. El Ejecutivo sostiene que las modificaciones generarían un fuerte impacto económico. Sin embargo, el gremio rechaza ese argumento y afirma que la cantidad de beneficiarios sería limitada.

Fuente: ABC C./RDN