El proyecto propone imponer penas privativas de libertad de 15 a 30 años a aquellos encontrados culpables de abusos.
Esta medida ha sido recibida de manera positiva por la entidad, que considera fundamental proteger a los menores de edad y castigar de manera más severa a quienes cometan este tipo de actos.
La ampliación de las condenas busca brindar mayor justicia a las víctimas y enviar un mensaje claro de rechazo a la violencia contra los niños y adolescentes.
